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2 / ASÍ COMIENZA…

 

Esperanza Aguirre. La lideresa

 

ALFREDO GRIMALDOS

 

 

 

Introducción

 

Detrás de la aristocrática y pizpireta millonaria que actúa con aire arrabalero y maneja con mano firme la Comunidad de Madrid, hay un plan sistemático de destrucción de los servicios básicos y de saqueo del presupuesto público en busca del lucro privado. Amigos, correligionarios y parientes se benefician de la política de Esperanza Aguirre.

 

El Ejecutivo regional ha puesto en marcha un plan de rescate de los sectores empresariales vinculados, sobre todo, al mundo del ladrillo, que consiste en poner en sus manos recursos públicos y convertir en una fuente de ingresos muchos derechos básicos de los ciudadanos. Aguirre ha llegado a la feliz conclusión de que todos los servicios públicos son susceptibles de ser convertidos en negocio particular.

 

Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, desde que ella llegó a la presidencia del Gobierno autonómico, el objetivo fundamental de su política está más relacionado con el beneficio de las empresas constructoras que con la salud de los ciudadanos. El nuevo sistema que está imponiendo se ha diseñado para derivar ingentes cantidades de los presupuestos públicos hacia las empresas privadas que, ante los síntomas de hundimiento de los sectores más especulativos, han tomado posiciones en la sanidad pública. No es casual, por tanto, que los nuevos hospitales hayan sido entregados a firmas como Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, procedentes del sector inmobiliario, sin ninguna experiencia previa en el ámbito sanitario. Y la consecuencia es que la sanidad pública madrileña, de reconocida calidad, está siendo destruida poco a poco.

 

La educación, por supuesto, tampoco se escapa del afán privatizador del Gobierno de Esperanza Aguirre. La estrategia consiste en beneficiar, cada vez más, a la escuela concertada y dejar que se descomponga el sistema público, manteniéndolo desasistido presupuestariamente, bajando los costes hasta asfixiarlo y «externalizando» todos los servicios posibles. Dentro de esa estrategia, se cede terreno público a empresas privadas, algunas ligadas a grupos religiosos integristas, muchas veces en detrimento de las dotaciones públicas en la misma zona.

 

Además, todo ese proceso va acompañado de una enorme opacidad a la hora de repartir privilegios. En estas páginas se ofrece una elocuente muestra de cómo funciona la práctica del amiguismo a costa del dinero público. Concesiones y contratos multimillonarios se adjudican bordeando la legalidad, y en muchos casos pisoteándola, como se evidencia en el caso Gürtel destapado por el juez Garzón. La Comunidad de Madrid huele a podrido, y ya hay varios diputados del PP, un ex consejero de Esperanza Aguirre y alcaldes muy vinculados a ella imputados en los casos de corrupción.

 

Lamentablemente, estamos acostumbrados a que, al final, no se haga justicia con políticos, grandes empresarios y banqueros corruptos. Estos personajes no suelen visitar la cárcel, y si lo hacen, es por muy poco tiempo, hasta que se los indulta. Tampoco devuelven nunca el botín robado, como es el caso del comisionista Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo del rey. O el de Alberto Alcocer —también cercano al monarca— y su primo Alberto Cortina: se acredita judicialmente que son unos estafadores, pero no cumplen condena ni sueltan un duro.

 

Periódicamente, PSOE y PP juegan una partida de cartas en las que hay órdagos constantes: tú me sacas Gürtel, yo a ti Elche… Al final, las dificultades judiciales a la hora de probar la responsabilidad de cada uno de los implicados en las enmarañadas tramas de corrupción y las triquiñuelas técnicas de poderosos gabinetes de abogados, además de las sintonías y complicidades que los delincuentes cosechan en algunos ámbitos del Poder Judicial, entorpecen y bloquean las investigaciones. Las causas prescriben y el saqueo de los fondos públicos permanece impune.

 

El sistema está diseñado para que todo se cocine en casa. En la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre cuenta con una cómoda mayoría absoluta que le permite no dar la más mínima explicación sobre cualquier asunto espinoso. Es lo que ocurrió con la «comisión de los espías», liquidada en menos de una semana, antes de que se aclarara absolutamente nada. El vicepresidente Ignacio González ha blindado sus comparecencias y ni siquiera responde a las preguntas que se le hacen sobre turbias adjudicaciones de contratos a empresas de sus propios familiares o sobre la concesión de licencias de radio y televisión a sus amigos íntimos. Este secretismo alcanza su cenit cuando se intenta saber algo de las misteriosas operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica. El propio González fue seguido y espiado durante un viaje a Colombia, país donde esta empresa pública tiene una poderosa filial.

 

Mientras tanto, una seria amenaza se cierne sobre el Canal: la privatización. La joya de la Comunidad de Madrid es una sociedad muy rentable y bien saneada, que atesora un enorme patrimonio inmobiliario, lo que la convierte en objeto de deseo de políticos y empresas constructoras. Esperanza Aguirre e Ignacio González ven en ella una fabulosa veta, y el PSOE cacarea contra el proceso de privatización, pero a la hora de votar el asunto en la Asamblea se abstiene. La casta de los políticos.

 

También hay que recordar que la estrategia de privatizaciones desarrollada por Esperanza Aguirre en el ámbito de la sanidad se sustenta en la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria. En su día, sólo se opusieron a ella en el Parlamento IU y el BNG; el PSOE votó a favor de su aprobación. Algo similar ocurre con el proceso de liquidación de la escuela pública auspiciado por Aguirre. El origen de los beneficiosos conciertos de los que disfrutan los centros privados hay que buscarlo en los gobiernos de Felipe González, con José María Maravall de ministro del ramo.

 

En la batalla que se está librando en Caja Madrid, curiosamente, el dirigente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, tiene total sintonía con la estrategia de la presidenta del Gobierno regional. Debe de pensar que, si alguna vez es capaz de ganar unas elecciones, se va a encontrar ese trabajo ya hecho. El reparto de prebendas en Caja Madrid entre representantes de los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios es el más fiel exponente de los apaños y consensos que caracterizaron la modélica Transición: seis para mí, cuatro para ti, dos para el otro…

 

En 2008, los consejeros se distribuyeron un total de 13,18 millones de euros en concepto de sueldos y otras remuneraciones complementarias. Esta cantidad se incrementa en caso de que el «trabajador» pertenezca también a alguna comisión.

 

A estos ingresos hay que sumarles, en todos los casos, los planes de pensiones y las primas de seguros correspondientes a tan «alto» cargo. La tarea de los consejeros consiste en mantener una reunión semanal de tres o cuatro horas. Así se explica que, en ocasiones, haya más disputas en el seno de los partidos por estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid que por ser candidato a diputado o alcalde. Aquí se gana más y se trabaja menos.

 

Como no hay suficientes puestos para todos los candidatos a estas bicocas, se crean otras canonjías: nuevas empresas filiales con más consejeros y más comisiones, a las que tampoco hace falta ir, pero por las que se pasa la correspondiente factura. Por ejemplo, en el consejo de Cibeles, la sociedad que agrupa las participaciones de Caja Madrid, han encontrado acomodo el ex ministro del Interior Ángel Acebes, el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela y la propia cuñada del vicepresidente González, Carmen Cavero. En la Comisión de Control de la Caja está Carmen Cafranga, socia de la mujer de Ignacio González. Y esto es sólo una pequeña muestra.

 

Además, se crean todos los puestos que hagan falta en la Administración Pública para colocar a los compadres como se merecen. La relación de políticos del PP damnificados por las elecciones del 14-M que se han cobijado bajo el paraguas de Aguirre es interminable. El liberalismo de la presidenta del Gobierno regional consiste en estrujar el erario público hasta el último céntimo. Ha hecho favores a todo el partido, colocando a primos, amantes y amigos: la ex consejera de Sanidad de Fraga, la ex jefa de prensa de Rajoy… Eso le ha permitido crear un poderoso clientelismo en torno a sí misma, rescatando a los náufragos del aznarismo. Pocos se atreven a criticarla con nombre y apellidos. «Los súbitos ataques de “quien no está conmigo está contra mí” han sido frecuentes desde que Esperanza Aguirre se sintió lo suficientemente fuerte dentro del partido», escribe Lucía Méndez en su libro Duelo de Titanes.

 

Su ambición política va mucho más allá de la imagen dicharachera que ofrece y de su absoluta incontinencia verbal. Para Aguirre, lo importante es el poder y el reconocimiento. A diferencia de Ruiz-Gallardón, que ve un pobre a cinco metros y se le descompone la cara, ella es una populista capaz de tirarse al barro para vender imagen y hacerse la foto correspondiente. Llegó a la presidencia de la Comunidad gracias a una operación de transfuguismo, y desde la Puerta del Sol ha consolidado su poder. Aspira a encabezar el PP y, sobre todo, a convertirse en presidenta del Gobierno central, como su venerado José María Aznar. Pero durante su ascenso se ha generado también muchas enemistades en el seno de su propio partido y el objetivo parece cada vez más lejano.

 

No obstante, atrincherada en Madrid, goza de bastante capacidad de maniobra para dar juego a los suyos. Y ellos saben que la presidenta es la que manda en todo, no pueden mover una ficha sin su consentimiento. Aguirre es una política correosa, peleona, con un control absoluto sobre el Gobierno regional. Conoce todo lo que hacen sus subalternos, nada sucede a sus espaldas. Maneja el partido en Madrid, la televisión autonómica, la lista de sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas y su porcentaje en las generales… En muchos momentos es despótica, y su gente la teme. Siempre hay peligro cuando Aguirre aparece para inaugurar algo. Empieza a sacar defectos y nadie se libra de las broncas. Es capaz de imponer su criterio en cuestiones técnicas de las que no tiene la más mínima idea. Cuando se desboca, no hay nadie en su equipo que se atreva a frenarla.

 

Aguirre maneja su virreinato como una finca particular, asesorada por conversos que fueron «progres» en sus años universitarios y han derivado hacia la extrema derecha, como su jefe de Gabinete, Regino García-Badell. Anarquista en la década de los setenta, García-Badell ha vuelto al redil con matrícula de honor (el último presidente del Gobierno franquista, Carlos Arias Navarro, era tío suyo). Él es uno de los principales responsables del absoluto control ideológico que sufre Telemadrid.

 

 

García-Badell fue compañero de clase de Rodrigo Rato y del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo. Los privilegios de casta se continúan perpetuando. Sólo hay que echar un vistazo al mapa rural de la región de Madrid, un territorio que, en gran medida, continúa estando en manos de las poderosas familias que se beneficiaron de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Entre ellas, la del propio marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

Aguirre ha conseguido que el AVE revalorice las enormes propiedades que su familia política posee en tierras de Guadalajara. Y ha propiciado el desdoblamiento de la «Carretera de los Pantanos», que ha provocado un enorme boom urbanístico en el oeste de la Comunidad y en Ávila, donde tiene su imperio Ángel Acebes, un personaje que aparece por todas partes.

 

Esperanza Aguirre es una «liberal» que siempre ha vivido del dinero público, como funcionaria o ejerciendo algún cargo político. Eso sí, privatiza las empresas y los servicios rentables para dar beneficio a empresarios particulares. Otro liberal modélico es Ignacio González, funcionario por oposición del Ayuntamiento de Madrid, que ocupa cargos políticos desde hace más de dos décadas. Y Regino García-Badell, funcionario del Ministerio de Educación, lo mismo que su mujer, Alicia Delibes, la principal inspiradora de la destrucción de la escuela pública en la Comunidad de Madrid. Liberales a costa de los Presupuestos Generales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, rica de cuna, cobra un salario oficial de 108.000 euros anuales, pero en 2006 se atrevió a decir que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Aseguró que calentar su palacete de la madrileña calle de Jesús del Valle, «con esos techos tan altos», le cuesta un pico en combustible.

 

Ahora, el principal problema de Aguirre es que ha acabado con los presupuestos de la Comunidad. Están en quiebra y necesita, urgentemente, más dinero para alimentar las insaciables bocas que se han acostumbrado a comer de su mano. La sanidad pública y el Canal de Isabel II están siendo ya víctimas de tanta voracidad.

 

Este libro constituye un desazonador recorrido por la corrupción y la inmoralidad del mundo político. Aguirre es fruto de un sistema atado y bien atado, lo mismo que personajes como Eduardo Zaplana, que también inició su ascenso político comprando a una tránsfuga del PSOE. Lo peor es que, después de remover la podredumbre, no pasa nada. Tras el reglamentario intercambio de cubos de basura en periodo electoral, todo vuelve al cauce pactado a través de los subterráneos consensos de la Transición.

 

Aguirre también necesita liquidez para repartir con soltura dinero público entre los medios de comunicación. En 2007, durante la campaña previa a las elecciones que la mantuvieron en la presidencia de la Comunidad —en esta ocasión con mayoría absoluta—, manejó 180 millones de euros en publicidad, mucho más que cualquier gran empresa. Isabel Gallego, su jefa de prensa, era la encargada de llamar a las redacciones para decir qué había que dar y cómo. El control de los medios de comunicación es un objetivo prioritario de Aguirre y sus más estrechos colaboradores. Y la principal víctima de ello, Telemadrid.

 

El ex director de ABC, José Antonio Zarzalejos, que acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber provocado su cese al frente del rotativo, en febrero de 2008, hace una análisis muy rotundo de ella: «Aguirre es una persona que, sobre todo, es vanidosa. Después, creo que es bastante ignorante, le faltan unas cuantas lecturas, por no decir muchas. Y finalmente es una persona miserable, con una ambición poco controlada y un entorno de colaboradores que me voy a limitar a calificar como complicado». Y aún sigue: «Me he encontrado con una mujer intervencionista, intolerante, que encaja mal las críticas, impertinente y con aquella especie de chulería que ella tiene. Y con esa vanidad de hacerse una biografía autorizada titulada La presidenta». Todo eso conforma una personalidad política verdaderamente preocupante.”

 

 

[ Fragmento de: Alfredo Grimaldos.“Esperanza Aguirre.La lideresa” ]

 

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